El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves 18 de marzo de 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, lo que convierte al país en uno de los pocos que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
España se convirtió hoy en el séptimo país en el mundo en legalizar la eutanasia y regular el suicidio asistido, esto tras la aprobación en el Parlamento del proyecto impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez, quien ha establecido que la nueva medida tendrá, eso sí, ciertas condiciones y requisitos que deberán cumplir los pacientes que opten por su aplicación.
Legal bajo ciertas condiciones
El principal requisito, aunque suene redundante, es que el enfermo confirme su voluntad de hacerlo en cuatro procesos. El paciente podrá contar con la aplicación médica de este proceso alrededor de cinco semanas luego de solicitarla.
Los mayores de edad, quienes deben tener la nacionalidad española, son las únicas personas que pueden recurrir al suicidio asistido. Podrá ser solicitada cuando reporten "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante", el cual afecte a la autonomía y que genere "un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
La ley entrará en vigor después de tres meses de su aprobación, mas otras semanas para que sea considerado en el sistema público y legislada. La eutanasia estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud de España y será de financiación pública.
En cada región española se constituirá una "comisión de garantía y evaluación", compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, que será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.
La ley reconoce a los profesionales sanitarios el derecho a la objeción de conciencia, que deberán manifestar de forma anticipada y por escrito.
El séptimo país
Con esta noticia, España se convierte en el séptimo país en despenalizar la eutanasia después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (donde está permitido por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento lo haya aprobado).
Sin embargo y debido a las distintas creencias de cada país, el suicidio asistido es considerado aun como un acto penal que puede llevar a los involucrados a pagar multas millonarias, prisión y el cese de su cédula profesional.
En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en su artículo 161 Bis 21.